EVALUACIÓN VOLUNTARIA DEL PROFESORADO

Aun cuando creemos necesaria una nueva ley educativa que proporcione estabilidad al sistema, también pensamos que debe hacerse con el mayor consenso y sentido de Estado. Vivimos en un país donde la educación ha sido maltratada políticamente y, lo peor, no se ve en el horizonte próximo que el panorama cambie.

Estos días hemos conocido la noticia de que el Ministerio de Educación quiere evaluar al profesorado, entre otras medidas que lleven a una reforma de la profesión docente, a las que se suman la selección o su formación inicial y permanente. Sin embargo, lo más llamativo desde el punto de vista mediático ha sido la noticia de la evolución voluntaria del profesorado.

Todos los ministros de Educación pretenden dejar su impronta, pero mucho me temo que muy pocos aciertan, porque quizás tengan escaso o ninguno conocimiento de la realidad de la escuela.

De las propuestas de la ministra Celaá, la de la evaluación voluntaria me ha llamado poderosamente la atención. Las otras dos, hace años que vengo hablando de ellas sin haber visto que los modelos actuales de formación y selección del profesorado hayan sido los idóneos.

En 2008 se puso en marcha en Andalucía el llamado programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares. Este programa, inspirado en modelos y enfoques mercantilistas y empresariales de la educación, comportaba una serie de incentivos económicos por objetivos. Fue un auténtico fracaso, salvo para el profesorado que percibió sus incentivos (que me parece muy bien para ellos), pero que no supuso, como se puede apreciar a poco que entremos en la realidad educativa, una mejora para el sistema educativo ni para los rendimiento escolares. Han pasado diez años, y seguimos teniendo las mismas carencias de aprendizaje entre nuestro alumnado que las que había entonces.

Conocer y evaluar está bien, nos permite ver nuestras debilidades, y conocer el punto de partida y qué es lo que necesitamos para mejorar. Pero evaluar por evaluar, y solo a los que voluntariamente quieran, es un brindis al sol. Que una parte del profesorado se someta a la evaluación de su práctica docente para cobrar unos incentivos, ¿en qué beneficia eso al sistema educativo o a un centro educativo? Se nos olvida que un centro debe estar presidido por la coordinación docente, trabajo en equipo y unos criterios comunes de actuación, para que la labor con el alumnado tenga cierto sentido, ¿o hacemos cada uno la guerra por nuestra cuenta?

Si en un centro la mitad del claustro es evaluada, mientras que la otra mitad dice que no, ¿tiene esto sentido?, ¿impulsaría realmente mejoras en el conjunto del centro?, ¿o tendríamos pequeñas islas de innovación por iniciativa de unos pocos, mientras que el centro en su conjunto seguiría con una línea pedagógica y metodológica distinta? Esto ya lo hemos vivido en los centros educativos, y no conduce a nada, salvo al honroso trabajo que los buenos docentes puedan hacer con incentivos o sin incentivos.

No, la evaluación voluntaria del docente no puede ser. El centro tiene su proyecto educativo, unas aspiraciones metodológicas que afectan a todo el alumnado del centro, no sería lógico que la mitad del alumnado trabajara bajo un modelo más innovador, mientras que la otra mitad lo hiciera en una línea más tradicional. Eso, pensando que uno u otro modelos no garanticen el éxito, o ninguno sea mejor o más adecuado que el otro. Lo que es evidente, es que romperíamos cualquier planteamiento que impulsara mejoras que beneficiaran a todo el alumnado del centro, que es el objetivo último al que debemos aspirar.

La profesionalidad del docente, la deontología profesional, el compromiso, el cumplimiento del deber… son los mejores incentivos que deben presidir el trabajo docente. Eso de pagar por hacer bien nuestro trabajo, me parece un fraude y un deshonor para el docente; hacer bien nuestro trabajo es nuestra obligación. Ahora bien, si se considera que el docente está mal remunerado: ¡adelante, subámosles el sueldo!