A esto es a lo que parece que nos abocan las crisis económicas: a degradar valores y a perder derechos. Cuando las condiciones materiales de vida de la población disminuyen y las necesidades más primarias son desatendidas la sociedad se embrutece y se debilitan las razones de la civilización. Uno de los pilares de la sociedad: la educación, capaz de promover el espíritu individual y común, es la que suele verse menoscabada cuando aparece la confusión de los valores cívicos y las sórdidas miradas sólo buscan la alternativa materialista y economicista, olvidando que en la educación se encierra cualquier proyecto de futuro. Y ahora vemos como la educación en España está sufriendo desde muchos frentes un ataque despiadado, no sólo por aquellos que la gestionan, también por los que la utilizan como ariete de ataque sin mucho fundamento y sí con agreste demagogia.
Uno de los ataques le viene de la política de modo denigrante. La política como valor se relega, y entonces aparece la política timorata; hasta hacernos pensar que la educación no le interesa a la política, o tal vez sí, pero como campo de batalla, arma arrojadiza y excusa para enfrenamientos. Que los partidos políticos, en general, no alcancen un pacto por la educación es algo que está desconcertando a la opinión pública española. La iniciativa del ministro Ángel Gabilondo en 2009 fue torpedeada hasta agotarla. Entonces se apreció como, frente al interés general, primaban intereses partidistas, de grupos de presión patronales, confesionales y sindicales. Las diferencias se mostraron insalvables. Lejos de dotar a la educación de estabilidad, en tres décadas han proliferado continuos vaivenes como prueba irrefutable de la irresponsabilidad que siempre ha presidido la intervención política en la educación española. Todos queriendo confeccionar ‘su’ sistema educativo, próximo a sus presupuestos ideológicos, y no pensando que el único sistema educativo válido para la sociedad española tiene que tener como fundamento la democracia de todos, los valores cívicos y éticos de convivencia, así como la asunción interna de una responsabilidad compartida en la formación de los jóvenes en valores democráticos y en conocimiento. Sin pacto educativo la educación estará, como está, al socaire de los recortes de una crisis económica, de continuos cambios legislativos, de que una parte de los ciudadanos no la perciba como elemento sustancial de su proyecto de vida (recordemos la alta tasa de abandono escolar) o de que proliferen estériles disputas políticas que en nada la benefician. Me preocupa el desánimo que desvelan a diario los rostros de muchos docentes.
La convulsión que ahora vivimos en el mundo de la educación es prueba de ello. La desastrosa política que ha emprendido el ministro José Ignacio Wert ha venido a soliviantar nuevamente el mundo educativo, no para insuflarle las medidas de mejora que necesita, sino para remover principios ideológicos y políticos, incluso metafísicos, que no arreglarán nada. Informes internacionales, como McKinsey (2007) o Talis (2009), hablan de los factores que restan eficacia a los sistemas educativos, pero si observamos las propuestas de cambio planteadas desde el Ministerio de Educación (reválidas sin sentido, reordenación de la ESO, matizaciones curriculares…) ninguna de ellas se dirige a atajar los verdaderos déficits. Todas giran en absurdos planteamientos ideológicos y partidistas (polémica en torno a Educación para la Ciudadanía) que sólo buscan favorecer intereses de grupos de presión. Parece que no nos hemos enterado de lo que realmente necesita la educación en España para que su mejora sea una realidad. Y necesita, entre otras cosas, dirigentes que se preocupen de ella antes que de su cargo político o de la supervivencia en su partido, dirigentes que tengan sensibilidad por lo que representa la educación, que estén dotados de un sentimiento de desprendimiento, de vocación para hacer mejor educación, no mejor escaparate político. Y también, independientemente de su posición ideológica o partido político, dirigentes que miren hacia el interior de la educación y no a los ribetes de la misma sólo para contentar a los pedigüeños ideológicos o a los que ven en ella una oportunidad de negocio; que buceen dentro de ella con alma desprendida y no para ocupar un cargo público o un peldaño más en la escalada partidista. La educación no puede quedar para eso, nunca debe servir de plataforma para nadie, ni como recurso para colocar al político de turno que no tiene encaje en otro sitio.
Mientras la educación forme parte del juego político como mercancía de uso no solventaremos algunos de los problemas estructurales que hay en nuestro sistema educativo. Se aportarán todas las inversiones que se quieran, se harán todas las reformas que se deseen, pero nuestro sistema continuará como un enfermo al que no se le aplica el remedio adecuado. Ha llegado el momento en el que debemos evitar que la educación no sólo no se vea afectada por la crisis económica, sino que salga del juego político y que socialmente asumamos, como ya dije en La educación que pudo ser (2010), que la educación no es patrimonio de un partido político, de una institución o de un sector de la sociedad. Si la entendemos como parte de nuestra responsabilidad para con la sociedad habremos dado un paso muy importante para no utilizarla en nuestras cuitas personales.
*Artículo publicado en el periódico Ideal de Granada, 31/10/2012.
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