sábado, 25 de julio de 2009

EL VALOR DE LAS INSTITUCIONES Y LA SALUD DE LA DEMOCRACIA


Las instituciones deben estar por encima de quienes las representan. Constituyen el armazón sobre el que se construye un Estado democrático. Y su existencia está avalada por la soberanía popular.
Sírvannos estas palabras como premisa acerca del valor que las instituciones han de tener hoy día en la España democrática.
A la vista de ello, lo menos que hay que exigir a los que las representan es que estén a la altura de su significación dentro de un Estado de derecho. La salud democrática se mide muchas veces por el funcionamiento de sus instituciones.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía haber emitido el correspondiente informe preceptivo sobre el proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en los últimos meses ha acaparado la atención de la sociedad española.
El voto de su presidente, Carlos Dívar, ha sido determinante para que no prosperase el informe en el Pleno, por lo que el proyecto de ley seguirá el trámite parlamentario sin dicho informe.
El CGPJ tiene entre sus funciones informar desde presupuestos técnico-jurídicos fundados en derecho. Y lamentablemente el señor Dívar se ha dejado llevar por sus posicionamientos ideológicos y/o religiosos.
Confundir las instituciones con nosotros mismos es uno de los riegos que corre la democracia. Y esto es lo que parece que prima en instituciones donde sus miembros, en este caso vocales del Consejo, son incapaces de separar sus ideas políticas o religiosas, mezclándolas a la hora de dirimir el sentido de su voto.
Se sabe que esto puede ser difícil, porque al final somos un todo indivisible, pero en este caso, como entre los jueces y cualquier otra profesión donde la ecuanimidad es un principio básico, hay un factor que debe primar por encima de todo: la profesionalidad. Uno actúa como debe, no como quiere.
Con comportamientos como el del señor Dívar se desvirtúa el funcionamiento de la democracia. A mi juicio, España todavía necesita dar importantes pasos para afianzar su democracia. Le falta camino por andar. Es necesario, por ejemplo, potenciar la laicidad del Estado, se sigue teniendo en algunos sectores sociales una notable confusión entre Iglesia y Estado. Como también es preciso superar prejuicios del pasado, como la controversia en torno a la recuperación de la memoria histórica, donde hay sectores que padecen repentinos salpullidos cuando se habla de este tema o se dice de excavar una fosa. Recordemos que todavía hay quien no ha censurado el régimen franquista.
Todo esto constituye una cuestión de salud democrática. Y considero que aún debemos seguir trabajando por ella en España. Últimamente hemos visto rebrotes muy serios de los sectores más reaccionarios de la sociedad española enarbolando ‘banderas’ que los transportaban a añoradas épocas pasadas.
En la búsqueda de esta buena salud democrática, las instituciones tienen que estar a la altura de lo que se espera de ellas. Y lo ocurrido con el voto del presidente del CGPJ ha sido un golpe bajo a la democracia. No se puede votar desde las creencias personales sino desde la profesionalidad y el rigor técnico-jurídico.
Estamos en un Estado no confesional y democrático de derecho, el que consagra la Constitución. Que no se nos olvide.
Alguien como el señor Dívar, de reconocida y exhibida significación religiosa, sin duda legítima, no puede estar presidiendo una institución democrática que exige ecuanimidad y rigor técnico. En un Estado de derecho la ley está por encima de las ideas religiosas.
Para hacer oposición moral o ética a proyectos de leyes, como éste del aborto, ya está la Conferencia Epicospal. Y dicho sea de paso, en el funcionamiento del Estado de derecho poco tiene que decir. O quizás sí, lo mismo que usted o yo.
Ahora se confirma lo que se barruntó en su momento: la elección de Carlos Dívar como presidente del CGPJ no fue un acierto. Quizás se imponga ya la necesidad, apuntada desde hace tiempo, de elegir los vocales del Consejo con otra fórmula en la que exista menos influencia de los partidos políticos.
La salud de nuestra democracia demanda que las instituciones se rijan por criterios más constitucionales y menos partidistas.

2 comentarios:

Elena dijo...

Antonio este es un tema complicado, que depende mucho de la ideología personal. Yo no soy partidaria de la pena de muerte, y si ostentara un cargo, jamás votaría a favor de una ley como la pena de muerte. De cualquier forma la decisión que ha tomado el Poder Judicial no es vinculante para el gobierno. No podemos olvidar que hace unos meses Zapatero decidió personalmente, a pesar de las críticas recibidas, elegir a este señor como presidente. Entiende que un señor tan ultrarreligioso no vote a favor de una ley como la del aborto, o que siquiera se abstenga.

Antonio dijo...

Las instituciones deben estar por encima de las creencias personales.
No podemos hacer que las instituciones bailen al son de nuestros caprichos. De lo contrario, se desvirtuarían. Pero soy consciente de la dificultad para alcanzar esto.