lunes, 3 de octubre de 2011

EDUCACIÓN PÚBLICA VERSUS EDUCACIÓN PRIVADA

El mundo de la educación se ha visto más que soliviantado en este tiempo de crisis económica. Y con las meteduras de pata de algunas y algunos responsables políticos, si cabe mucho más.
Decidir que se limiten determinados recursos humanos en la educación es el colmo del despropósito por mucha crisis que haya. Decidir que se recorte el presupuesto que se invierte en educación es una estupidez que sólo se le ocurre a quienes no tienen ni idea de lo que tienen entre manos, es decir, esa perniciosa clase de políticos que se toman su estancia en la política como un ejercicio de supervivencia.
Al hilo de todo esto se ha generado paralelamente una defensa numantina en torno a la educación pública. A dirigentes políticos y sindicales se les llena la boca hablando de la defensa de la escuela pública. En España está defensa tiene sus riesgos. Defender sólo la escuela pública nos conduce a la exclusión de un gran porcentaje de población escolar que estaría encantada de ir a un centro público si hubiese plazas para todos.
¿Actualmente en España se puede garantizar un puesto escolar público a toda la población en edad escolar?
Los centros concertados quizá no tengan la culpa de ser concertados (habría que preguntárselo) y sí la tenga un Estado que en más de treinta años de democracia debería haber construido los centros educativos necesarios para que los que ahora están concertados fuesen privados en toda su extensión y representaran esa opción democrática y educativa para los padres que ahora no la representan.
Me parece democrático que existan centros públicos y centros privados, y que los padres puedan elegir donde llevar a sus hijos. Pero me parece menos democrático que existan centros concertados que funcionan como si fueran exclusivamente privados, cuando les interesa, y ‘algo públicos’ para sostenerse con fondos públicos (por ejemplo, la selección del profesorado la hacen ellos, pero su nómina la paga la Administración).
Quizá uno de los males de nuestra educación sea la existencia de este sistema dual de centros heredado de nuestra historia educativa (monopolio de la educación religiosa) y reforzado en el franquismo. Y la rémora de un concordato con la Santa Sede que tanto maniata a los poderes públicos, entre otras cosas, en materia educativa. Y ese punto 4 del artículo 27 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar la enseñanza religiosa dentro de las escuelas. No porque tengamos nada contra la Iglesia, pero cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Probablemente la LODE (Ley del Derecho a la Educación, 1985) necesitaría una oportuna revisión también.
Por encima de la controversia excluyente entre educación pública y educación privada debería estar la defensa de la educación sin apellidos, la educación en mayúscula. Y esto se me antoja que se nos olvida con demasiada frecuencia.
¿Qué cuál sería esa educación en mayúscula?: una educación laica que se sustente en los principios de equidad, inclusión social e igualdad de oportunidades.
Y esto a ser posible para toda la población escolar española.