Las ciudades españolas fueron testigos del éxodo rural en aquella España de blanco y negro de los años sesenta y setenta del pasado siglo. Miles de familias se desplazaron del campo a la ciudad en un movimiento migratorio que puso a las ciudades patas arriba y activó un desarrollo económico acorde a los planes implementados por el régimen franquista. Era la época del desarrollismo, de la expansión del turismo y del crecimiento urbanístico con la construcción de nuevos barrios y la ocupación de viviendas deterioradas y en precarias condiciones de habitabilidad en los más antiguos.
La transformación agraria —concentración de tierras y mecanización— y la puesta en marcha del Plan de Estabilización de 1959, apoyado en la importante emigración dirigida a Europa y la recepción de cuantiosas remesas de dinero aportadas por los emigrantes, favoreció la absorción por la industria del excedente de mano de obra agrícola. Según datos del INE, se calcula que 3.100.000 españoles se trasladaron a las ciudades en la década de 1960. Las zonas industriales y el sector servicios de Madrid, Barcelona y País Vasco acapararon ese grueso de población rural. Otras ciudades, como Granada, se vieron también favorecidas por este éxodo. En esta recalamos no pocos habitantes de los pueblos. ‘Castrojas’ nos llamaban, no sin un cierto tono peyorativo, un parte de la población urbana que exhibía un torpe orgullo capitalino. Menos mal que no teníamos la piel negra, tan solo oscurecida por el implacable sol del medio rural.
He sentido vergüenza al ver que la inmigración aparece como la primera preocupación de los españoles en el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas. A la pregunta: “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?”, casi un tercio (30,4%) contestaba: “La inmigración”. Este fenómeno social practicado por la humanidad desde su existencia ha pasado de ser la cuarta preocupación (16,9%) en julio —tras el paro, la economía y la política— al primero.
Las continuas noticias sobre la llegada de cayucos y pateras, el alarmismo por la saturación de los centros de acogida, el reparto fallido de menores acogidos, la asociación inmigrante-delincuente, la vergonzosa actitud de partidos políticos que, antes de unirse para buscar soluciones, utilizan el dolor de estos desheredados para hacer un uso perverso y espurio de la tragedia, ha calado en la percepción negativa de la sociedad española. Somos maleables e influenciables, y eso lo saben políticos y gentes sin escrúpulos que lanzan infundios, tergiversan la realidad y buscan chivos expiatorios. Alguien está empeñado en convertir a los inmigrantes en enemigos.
Y duele pensar lo fácil que es llegar a la conciencia de los demás y moldearla a nuestro antojo, extendiendo el mantra de que los inmigrantes son culpables de todo lo malo, que nos arrebatan nuestro trabajo y nuestro dinero, que ensucian nuestras calles y hacen aumentar la delincuencia, que se comen nuestras mascotas: gatos, perros, serpientes o cualquier otro bicho que nos haga compañía. Estos prejuicios siempre proceden de concepciones supremacistas: ese ‘nosotros perfectos’, de educación exquisita, de conductas cívicas inmejorables, que retiramos los desechos de un botellón para depositarlos en un contenedor o llevarlos a casa, que no tiramos bolsas ni vidrios ni latas en el campo ni en la ribera de un río, que no delinquimos ni estafamos. Nosotros. Ellos.
Siempre ha existido aversión al forastero, al diferente, a quien consideramos no encaja en nuestros cánones de ‘normalidad’, y lo miramos a través del visillo de los prejuicios. Como hacemos con nuestros vecinos, con los del otro barrio, con los del pueblo que rivalizamos, con los de otros territorios españoles, con los que no hablan nuestra lengua y les decimos que en ‘nuestra tierra’ se habla ‘mi idioma’. Repudio a lo de fuera, envuelto bajo la suspicacia del recelo y la sospecha.
Pero hay realidades que nos impactan en las narices para que espabilemos. El peligro que se cierne sobre las pensiones nos alcanzan de lleno: si no encontramos soluciones a los ritmos económicos actuales no están garantizadas para un futuro inmediato. Hace unos días el Banco de España, en su informe anual, se centró en este asunto, concluyendo que ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos para demorar la jubilación son suficientes para sostener el sistema de pensiones. Vaticinando que se trata de “uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años”. En España, con el envejecimiento de la población, el aumento de las jubilaciones del llamado baby boom de los sesenta y la baja tasa de natalidad, el problema se acentuará más que otros países. Para paliar esto se estima que la población inmigrante trabajadora de nuestro país tendría que elevarse más allá de los 24 millones y llegar, al menos, a los 37 millones para 2053.
Todos venimos de alguna parte. Los ‘castrojas’ de aquellos años que coadyuvamos a levantar el nivel de vida de las ciudades españolas, sacándolas de la miseria heredada de la posguerra; los emigrantes españoles que potenciaron las economías europeas; y los inmigrantes latinoamericanos o africanos que sostienen la agricultura exportadora o los servicios de atención a dependientes. Todos somo migrantes.
No criminalicemos la inmigración. El deseo de buscar un lugar en el planeta donde mejorar las condiciones de vida es un derecho. Frenar los sueños es imposible. Las grandes migraciones son la seña de identidad en la historia de la humanidad y de la construcción de los países.
*Publicado en Ideal, 07/10/2024
**ACNUR_Roger Arnold
