En otro lugar de este blog escribía que las instituciones deben estar por encima de quienes las representan. Siendo el armazón sobre el que se construye un Estado democrático, y estando avaladas por la soberanía popular como lo están, debemos poner todo el esmero en respetarlas y en no distorsionar lo que representan. Me ha dolido ver la imagen de representantes de sindicatos y padres de alumnos abandonar el Pleno del Consejo Escolar del Estado como rechazo a la no admisión a trámite de un informe del sindicato STES al anteproyecto de la nueva ley de mejora y calidad de la educación. Recuerdo el tiempo en que pertenecí a esta institución como consejero y como ese aire severo y solemne de los plenos imprimía, si cabía más, transcendencia a los temas debatidos. Luego, la realidad desmentía gran parte del trabajo allí realizado y me dolía saber que a las conclusiones de aquellos debates plasmados en informes se les prestaba poca atención por parte de las autoridades de la Administración educativa. Igual que ocurría con el trabajo realizado por los consejos escolares autonómicos.
La reforma que ha emprendido el ministro Wert me parece un auténtico desatino, aparte de por lo que propone, porque no es necesaria ni oportuna, ni va a solucionar nada en el mundo de la educación; al contrario, ya ha traído tanto desconcierto y enfrentamiento que se está alterando el clima escolar. Tantos intereses particulares e ideológicos como están detrás de esta reforma no hacen más que confirmar la ofuscada torpeza que está envolviendo todo este asunto. Las exageraciones se suceden de este modo, tanto por parte de sindicatos y representantes de la comunidad educativa como de representantes políticos. Hoy se ha escuchado decir al portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, no sin cierto desahogo, que ‘la educación no funciona en España’. Bien es verdad que nuestro sistema educativo tiene sus desajustes y la necesidad de algunos cambios, pero con esta apreciación lo único que se hace es menospreciar el trabajo que están realizando miles de docentes, con dedicación a su profesión y con esmero en su labor. No puede venir un político, que tal vez no conozca la educación más que por los titulares de periódicos, a decir que la educación no funciona, sin más. Me ofende a mí, y me imagino que a muchos de los que trabajan bien y con profesionalidad cada día en la escuela.
Las instituciones no tienen la culpa de los excesos y los errores que cometen los hombres que los representan. Podemos reprobar al presidente de la institución, podemos mostrar nuestro desacuerdo en un debate, frente a un dictamen o un informe, pero nunca debemos menospreciar a una institución abandonando una sesión celebrada en ella. Las instituciones son las que dignifican a un Estado democrático, y también a nosotros como ciudadanos partícipes en ellas. Hoy ha salido perdiendo la educación y esta institución, el Consejo Escolar del Estado, que constituye la más alta representación del principio de participación democrática en el sistema educativo.