Agotados los impulsos iniciales que despertaron tanta ilusión en los años siguientes a la conquista de derechos y libertades del 77, vimos debilitarse nuestra democracia hasta trocarse en un manojo de dudas e incertidumbres, cuando no de desánimo, en los albores del siglo XXI. Mancillada por el Estado cuando combatió a ETA con terrorismo, cuando las instituciones y partidos se anegaron de corrupción y manipulación bajo la óptica de sus intereses, con poderes judiciales no renovados, sin respeto al orden constitucional, solo para sostener la connivencia que favoreciera ventajas propias, hubo de ser, como crepúsculo de las sombras, reivindicada aquel 15 de mayo de 2011.
La gran prueba de fuego del terrorismo de ETA y el enorme dolor causado durante cuatro décadas, aun cuando cesara la lucha armada, pronto fueron utilizados para ensuciar el triunfo de la democracia sobre el terror. El pasado terrorista y las víctimas se convirtieron en arma arrojadiza de disputas soeces, y sirvió para enredar antes que sentirnos aliviados por su desaparición, curiosamente por quienes no han sido capaces de condenar otro terrorismo: el practicado por el franquismo.
Formar ciudadanos democráticos entre las nuevas generaciones es sentar las bases para superar estos lastres que han mermado la democracia en España. Siempre se demandó un esfuerzo individual y colectivo para fortalecerla, pero la debilitamos hasta convertirla en un constructo que perdió el favor de la ciudadanía. Esa sensación de déficit democrático existe aún e impele a una tarea de deconstrucción de tanto desatino, para lo cual hay que pensar en una nueva ciudadanía democrática, que incorpore la memoria de su pasado, que nos es más que el estudio de la historia. Este es un objetivo del sistema educativo, otra cosa es que le dejen alcanzarlo.
Las últimas leyes educativas (LOE, LOMCE y LOMLOE) han recogido el principio de ciudadanía democrática como parte de la formación de las nuevas generaciones. Leyes educativas que emanaron de gobiernos socialistas y populares. La LOMCE decía en su preámbulo: “La Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática…, señala que la educación para la ciudadanía democrática es esencial para promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley”, fundamentos de la democracia, y como parte de la formación de una ciudadanía activa y comprometida. ¿Quién se va a negar a recoger en el espíritu y en la letra de las grandes leyes palabras tan encomiables como ciudadanía democrática?
La nueva ley educativa (LOMLOE) pretende reforzar esta ciudadanía democrática. Así en Geografía e Historia una de las competencias específicas habla de “analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad”, asumiendo los deberes y derechos de nuestro marco de convivencia, promoviendo la participación ciudadana y la cohesión social, con la garantía de la Constitución como modelo de convivencia.
Los saberes básicos relativos al compromiso cívico cuentan, entre ellos, nociones sobre dignidad humana y derechos universales, respeto y aceptación del otro, multiculturalidad, igualdad de género, seguridad y prevención de los riesgos en redes sociales, convivencia cívica y cultura democrática, etc. Como también lo hace Educación en Valores Cívicos y Éticos, al referirse a sociedad, justicia y democracia, al hablar de diálogo, argumentación, resolución pacífica de conflictos, empatía con los demás, Estado de derecho y valores constitucionales, o memoria democrática y participación democrática. Un arsenal curricular que quizá no sea suficiente para alcanzar la ansiada ciudadanía democrática, pues hay muchos agentes externos a la escuela que deberían hacer suyo todo esto.
En el contexto de la ciudadanía democrática cabe situar la memoria democrática como factor de conocimiento de la historia y construcción del presente. La memoria democrática es un concepto amplio, proyectado más allá de la memoria histórica que ha servido, lamentablemente, para la confrontación política, como si recuperar los restos de un ser querido fusilado fuera un acto deshonesto donde se revuelven rencores y venganzas. Así se ha querido vender por una parte de la clase política, sin el más mínimo sentimiento de compasión y empatía hacia el dolor ajeno, y sin comprender que el dolor es un sentimiento personal donde se conjugan miedos, temores y el latir de una vida derrotada próxima a la desesperación.
La memoria democrática es un paso para suscitar en las generaciones jóvenes el sentimiento de una convivencia pacífica, respetuosa, democrática y comprometida con el bien común, teniendo la historia como referente, en su tarea de investigación y comprensión crítica de conceptos como poder, justicia, democracia, memoria democrática o derechos humanos.
“Recordar a veces nos cura el presente”, escribe el poeta Paco Beltrán en Días de asfalto (Esdrújula Ediciones, 2020). Sin el recuerdo no somos nada, acaso un estado natural inerte, casi vegetativo, sin horizonte hacia dónde mirar. Necesitamos recurrir a la historia, a las experiencias de otros que, aun siendo dolorosas, nos alumbren el camino a seguir. El pasado no es nuestro enemigo, al contrario, es nuestro aliado para curar heridas y reparar el daño causado por la injusticia.
La ciudadanía democrática y la memoria democrática, orientadas desde una concepción transversal del currículo, son la vía para la recepción de valores y la recuperación de la fe en la democracia, depositando en ello la esperanza de esa renovada ciudadanía democrática que evite la comisión de tantos errores que han empañado nuestra historia reciente.
*Artículo publicado en Ideal, 14/05/2023
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