AMNISTÍA*

 

España es el corolario de un proceso histórico protagonizado por acuerdos, diálogos, imposiciones, conquistas… Somos individual y colectivamente una amalgama de pensamientos, conductas e intereses, que han configurado los universos culturales coexistentes en una convivencia ciertamente compleja, en ese diálogo entre presente y pasado al que se refería el historiador Edward H. Carr, donde los individuos participamos en “calidad de seres sociales”.

La realidad histórica no puede eludirse a nuestro antojo, ni manipularse a nuestra conveniencia. La historia de España, marcada por tantísimas turbulencias, tiene en los dos últimos siglos un presente: la llamada ‘cuestión nacional’. El nacionalismo, común a todos los países europeos, ha propiciado históricamente no pocas tensiones territoriales. La consolidación de un territorio como nación, con individuos que se entiendan, es un proceso histórico que en ningún país ha resultado fácil.

En los últimos años, el conflicto nacionalista más relevante en el ámbito de las democracias occidentales europeas lo ha protagonizado el ‘procés’ catalán. Aunque desde aquel octubre de 2017 ha ido perdiendo apoyo ciudadano, su acceso al poder de las instituciones catalanas ha sustentado el permanente órdago independentista, mantenido también por el prófugo Puigdemont y su condición de eurodiputado. El resultado de las elecciones generales del 23-J y el juego democrático en la elección del presidente del Gobierno en el Congreso han hecho relevante el voto independentista y la reivindicación de amnistía y referéndum de autodeterminación.

La hipotética amnistía, que favorecería fundamentalmente a Puigdemont, ha abierto el debate político durante la fallida candidatura de Feijóo, generando una tensión política de enorme impacto social, que ahora se agudiza con la candidatura de Pedro Sánchez. La amnistía y el indulto, términos con ciertas diferencias conceptuales, no son medidas ajenas a los gobiernos de la democracia.

Antes de la Constitución de 1978, la búsqueda de la concordia nacional, con la dictadura todavía de cuerpo presente, se dictó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Aquella amnistía impedía juzgar los crímenes de la dictadura y perdonaba tanto a los presos políticos como a las autoridades franquistas que habían ordenado torturas y asesinatos. En su artículo primero quedaban amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas”, y “todos los actos de la misma naturaleza… cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España”. Y seguía: “Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad… que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”. En el artículo segundo, en todo caso, estaban comprendidos “los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar” o “los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación”.

Con la Constitución en vigor vinieron otros indultos de los gobiernos de UCD y PSOE para antiguos activistas de ETA. En 1986 el Congreso borraba la pena de expulsión del Ejército de los exmiembros de la Unión Militar Democrática. En 1990, 40 integrantes de ETA salieron de prisión. En junio de 1996 el Consejo de Ministros, presidido por José María Aznar, indultó a 15 terroristas de Terra Lliure, se retiró la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras de Cataluña o se suprimieron los gobernadores civiles. ¿Quién le pidió a Aznar estas gracias? Entonces no tenía mayoría absoluta.

Dos décadas democráticas donde los gobiernos acaso buscaron mejorar la concordia con vascos y catalanes. Se escrutaron fórmulas de acercamiento entre españoles que ayudaran a marginar a los sectores más extremistas, relegándolos a entes testimoniales, que no contaminaran al resto de la población con sus ideas levantiscas y ultramontanas.

La reivindicación de amnistía para quienes proclamaron la declaración interruptus de independencia unilateral el 27 de octubre, en un gesto de cobardía que la historia no olvidará, erigiéndose en lo que no querían ser: ¡traidores a una causa y a unas ideas!, es una huida hacia adelante. No obstante, el problema independentista como realidad histórica requiere otras soluciones: ¿qué deberíamos hacer para que desistan y quieran vivir y formar parte de España?

Antes de charlotear sobre amnistía sí o no, antes de que España ‘se rompa’, habría que responder a esta realidad histórica. Presumir de verdades absolutas no es suficiente. ¿Metemos en las cárceles a los miles que tuvieron parte activa o apoyaron el ‘procés’?, ¿solucionaríamos así, para siempre, un problema de raíces históricas? No me gustaría ver a un Puigdemont ufano eludiendo la acción de la justicia, pero esconder la cabeza como un avestruz no solucionará este problema tan inveterado de identidades nacionalistas. Necesitamos más diálogo, sin generar desigualdades territoriales. El reconocimiento de las lenguas cooficiales en el Congreso ha representado un paso hacia la normalización en un país diverso y plural.

El pensamiento nacionalista es excluyente, discriminador, supremacista, injusto, insolidario, antidemocrático y represor hacia quienes no piensan como él. España necesita que la herida purulenta del nacionalismo vaya sanando. La convivencia es importante, España no puede vivir eternamente en un conflicto interno. Los catalanes no independentistas tienen el mismo derecho a vivir en una Cataluña integrada en España.

El tema del encaje constitucional de la amnistía se lo dejo a los juristas, aunque no sean capaces de ponerse de acuerdo. Tan solo diré: si una medida política permite que demos un paso adelante en la concordia de este país, la aceptaré.

*Artículo publicado en Ideal, 08/10/2023