La campaña interesada que se orquestó en torno a Educación para la ciudadanía, y las posteriores decisiones del gobierno del Partido Popular en materia educativa, a través del ínclito ministro de Educación José Ignacio Wert, han quedado ridiculizadas por el dictamen del Consejo de Estado, que considera necesaria esta asignatura en el proceso formativo de nuestros jóvenes.
Educación para la ciudadanía ha sido una asignatura vilipendiada desde distintos sectores ultraconservadores de la sociedad española. El principal órdago que se lanzó sobre ella fue la campaña de objeción de conciencia. Una iniciativa que dio el salto a la esfera judicial y donde algunos tribunales se mostraron dubitativos. Finalmente, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2009 negaba el derecho a la objeción de conciencia y daba el respaldo a los contenidos establecidos para la asignatura, aportando un poco de coherencia en este asunto. Otra infame acusación que se vertió sobre ella (cuyo objetivo principal es formar mejores ciudadanos, trabajando los valores democráticos, la independencia personal, la capacidad crítica frente a la manipulación) fue tacharla de un pretendido adoctrinamiento a los alumnos. Demasiado ruido. Detrás de todo ello se escondía un trasfondo ideológico, político y doctrinario que apostaba por un modelo social y educativo muy alejado de una educación para una ciudadanía democrática. Con la reforma de la LOMCE la nueva asignatura que la sustituirá vendrá a llamarse ‘Educación cívica y constitucional’. El giro ideológico es notable.
En un artículo que publiqué con el título “Educar a la ciudadanía” (transcrito en una entrada de este blog) venía a concluir diciendo que quizá la presencia en el currículo de la asignatura Educación para la ciudadanía no significaba más que el fracaso colectivo de todos nosotros (defensores y objetores de la asignatura) en torno a la educación que habíamos proporcionado a nuestros jóvenes. Y que acaso sería mejor que reflexionáramos en serio (ruborizándonos si era necesario), a la vista del mundo que hemos construido, y los infravalores en que lo estamos sustentando.
Es obvio que la formación de nuestros jóvenes en valores cívicos, éticos y democráticos probablemente no la resolvamos con una asignatura impartida en dos cursos de la enseñanza obligatoria y en dos horas a la semana, hay muchos más agentes implicados en esta cuestión, algunos altamente responsables, pero al menos que no nos quiten la oportunidad que ofrece la escuela para contrarrestar la influencia interesada y perniciosa que tanto daño causa a nuestros jóvenes. Una influencia bien estructura y planificada que se les lanza desde sectores económicos, mediáticos y políticos a través de continuos mensajes que, antes de hacer de los jóvenes ciudadanos responsables con valores éticos y cívicos, busca convertirlos en un ejército amorfo de consumidores de ideas y de productos, incapaz de cuestionar nada. Jóvenes que les interesan estén faltos de personalidad y sean de fácil sumisión, concernidos como están en estructurar mentes alejadas de la capacidad de discernir, valorar o criticar esa vorágine de mensajes con la que les asedian continuamente.
Frente a ello, con Educación para la ciudadanía (aunque no sea la panacea) se trata, al menos, de formar a los jóvenes para que piensen por sí mismos, para que sean capaces de decidir responsablemente, y para evitar que se conviertan en satélites de la propaganda y la publicidad de mundos irreales faltos de valores éticos y cívicos. Sin embargo, el ministro Wert parece empeñado, con su despropósito educativo, en sustraernos de este mínimo rayo de luz.
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