EMBARGO A LA EDUCACIÓN

Cuando en una ocasión recibí una carta en la que se decía que me embargaban la cuenta por el impago de un recibo del IBI me temblaron las piernas. Pero cuando descubrí que el pago correspondía al trastero de un piso que había vendido seis años antes me reí. Y es que hay administraciones públicas que tiran la piedra (el recibo), y a ver a quien le cae. Eso sí tuve que aclarar al organismo en cuestión que el piso y el trastero ya no me pertenecían para levantar el embargo.

No sé si algo así habrá ocurrido en el embargo del colegio Santa Illa por una deuda con la Seguridad Social que asciende a algunos miles de euros. Que la pague, es su obligación, con embargo o sin él.

Me interesa poco si se trata de un centro privado, o si meten en la cárcel a su dueño, lo que verdaderamente me interesa es la educación de los niños que asisten a él.

Para ejecutar ese embargo se ha producido uno de esos episodios que rayan lo esperpéntico: llega un camión, salen de él unos operarios y empiezan a cargar con pupitres, sillas, pizarras, armarios, potros del gimnasio, instrumentos musicales (¿no sabemos si se llevaron también los libros de la biblioteca?), ante la mirada atónita de los niños que están en clase, sentados en sus sillas y con el libro y el cuaderno sobre el pupitre. ¡Menudo ejemplo!

Una acción inconcebible para cualquiera que la haga, pero más para un Administración pública como es la Seguridad Social. Esta es una escena de la España más oscura y triste. De la España de miseria y hambre del siglo XVII, de la España triste del siglo XIX o de la España desgarrada y en blanco y negro de la posguerra. Qué modo de proceder tan burdo y desconsiderado. No con los dueños del colegio, sino con los alumnos allí presentes.

Puestos a interpretar el hecho, tal y como se ha producido, lo ocurrido cabe considerarlo como un atentado al derecho a la educación, amparado en la Constitución. En este asunto alguien ha vulnerado este derecho fundamental. Cuando se rescinde un concierto educativo (no es el caso, pero puede servir de referencia) la Administración educativa tiene que adoptar las medidas necesarias para escolarizar los alumnos, sin que sufran interrupción en sus estudios, pero no a mitad de curso. Siempre debe primar la preservación del derecho a la educación. Y en este caso cabe pensar que se ha vulnerado dicho derecho.

La segunda interpretación es que lo ocurrido es una muestra de la falta de respeto que se le tiene a la educación en España. Aquí importa poco llegar y alterar sin más el normal desarrollo de la actividad escolar. Sencillamente, intolerable.

Un colegio debe considerarse un recinto sagrado, más que una iglesia, diría yo. Y se deben arbitrar todas las medidas necesarias para que la actividad escolar siga su curso con normalidad. Después, cuando esta haya cesado, será el tiempo para arreglar todos los asuntos mundanos.