VERGONZOSO ESPECTÁCULO EN EL RELEVO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

La regeneración democrática en nuestro país parece que es una necesidad pregonada. La corrupción es la punta del iceberg que nos está escandalizando cada día, y el funcionamiento de los partidos políticos y sus maneras de proceder en la vida pública y en el manejo de las instituciones a veces desborda los límites del decoro y la vergüenza.

Es difícil que los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre algo, los intereses de los que los controlan van por otro camino. Sobradas pruebas tenemos de ello. Y si acaso se ponen de acuerdo es porque intuyen una amenaza, o ven peligrar sus privilegios como élite social. Si, por el contrario, son los derechos de los ciudadanos los menoscabados, entonces resulta difícil que se pongan de acuerdo para encontrar soluciones conjuntas. La política española, desgraciadamente, está ‘montada’ en términos de confrontación continua. Se ve que se saca buen rédito político de ello. Difícil es que la política se ejerza como lo que se espera de ella: instrumento que, a pesar de las divergencias legítimas, puede y debe encontrar cauces para el entendimiento.

La sociedad española está demandando desde hace bastante años que se firmen pactos en los resortes más importantes de nuestra democracia (educación, sanidad, atención social…) que afectan a los aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos. Aquí, en esta tribuna abierta, hemos postulado por un pacto por la educación, a sabiendas de la resistencia que existe en la esfera política para alcanzarlo.

Por eso nos ha llamado la atención la prontitud con la que los partidos en Andalucía han llegado a un acuerdo para desalojar a José Chamizo como Defensor del Pueblo. Se diría que se ha obrado un milagro cuando tanto se resisten otros pactos tan anunciados. El asunto ha levantando bastante polvareda nacional. Y no es porque, tal vez, no haya llegado el momento del relevo de Chamizo (algo que es sano para cualquier institución, incluso para el que ostenta el cargo), sino por las razones que parecen estar detrás de este relevo. El motivo principal parece descansar en las declaraciones que realizó Chamizo (que no sentaron nada bien en la esfera política) acerca del descontento de los ciudadanos respecto a sus políticos (dijo algo así como que “la gente está de ustedes hasta el gorro”). Y claro, aquí Chamizo tocó donde no debía, y a lo que se ve mostró una inadmisible deslealtad para los que lo pusieron en el cargo. Pues bien, de ser esto cierto, de ser esas declaraciones la razón principal del relevo (algo que no me extrañaría, porque en política asustan las voces discrepantes), mañana mismo tendrían que estar presentado su dimisión los que se han reunido (PSOE, PP e IU) para acordar este relevo, empezando por la consejera de Presidencia Susana Díaz.

Como también debería ver qué hace el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia (de larga trayectoria ya en la política, quizá por eso haya perdido visión de la realidad), que sobre este asunto ha manifestado que el Defensor del Pueblo Andaluz “no puede ser el paño de lágrimas de todo lo que provoque algún tipo de queja”, porque no está entre sus competencias atender a las cuestiones que no afecten a derechos fundamentales. Indígnate. Tantos años en política han debido fortalecer su soberbia y debilitar la sensibilidad ante los miles de ciudadanos que no tienen otro sitio en el que expresar sus quejas, más que en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

El menosprecio de la política ejecutiva y legislativa hacia los organismos consultivos es una realidad. Estos organismos, lamentablemente, están (así los quieren ver) en el organigrama de las instituciones del Estado, o de la Junta de Andalucía, para justificar la pluralidad y el espíritu de la democracia, pero siempre que sean controlados por el poder ejecutivo, dispongan de la menor autonomía posible y se sometan a los dictados del mismo. Los malos políticos, los que buscan estar en política para provecho personal, no tienen respeto alguno a las instituciones, las desean manipulables y puestas al servicio de intereses propios y partidistas.

Pretender que la institución del Defensor del Pueblo Andaluz se convierta en un satélite del gobierno de turno, o del parlamento de turno, me parece una desvergüenza, aparte de una manera de deslegitimizar la democracia, así como una ofensa para los ciudadanos. Intentarlo siquiera es no respetar a los ciudadanos que tienen en esta institución una vía para la defensa de sus derechos, la vía que no siempre encuentran en el poder ejecutivo, en el judicial ni en el legislativo. La independencia de esta institución es parte de la salud de nuestra democracia.

Vergonzoso el espectáculo que se ha dado desde Andalucía en este asunto del Defensor del Pueblo. A más de uno, y a más de una, se les tendría que estar cayendo la cara de vergüenza.